Según el sindicato, durante seis meses se habrían obtenido hasta 26.000 documentos, incluyendo DNI asociados a correos electrónicos, listados de personal, teléfonos de mandos y matrículas de vehículos. Esta información podría poner en riesgo la seguridad de los profesionales, facilitando amenazas o seguimientos.
Los datos obtenidos por el sindicato de la Dirección General y otros organismos indican que los internos accedieron a una docena de carpetas de la red departamental, copiando 40 GB. Aunque el primer acceso se detectó en febrero, la mayor parte de la actividad se concentró en julio, siendo el acceso detectado el 9 de agosto.
Acto de extrema gravedad
SICAP-FEPOL critica que Justicia ha minimizado el incidente, considerándolo un acto "de extrema gravedad" que compromete datos personales y la seguridad de los empleados. El sindicato contradice el relato inicial de Justicia, que hablaba de un "acceso puntual y limitado", afirmando que los datos obtenidos demuestran una vulneración mucho más amplia.
La organización detalla que ya en febrero se detectó una alteración en los minutos de llamadas, en mayo saltó la red departamental y en julio se produjeron la mayoría de visualizaciones de la documentación. Piden responsabilidades por no haber activado mecanismos de detección precoz ante una situación que se prolongó durante meses.
Aunque no hay pruebas definitivas de que la información haya salido del centro, el sindicato advierte que no se puede descartar su extracción y posible circulación. La investigación ha intervenido seis equipos informáticos, dos aparatos de MP3 y un dispositivo USB.
Por todo ello, SICAP-FEPOL solicita que se notifique a todos los trabajadores los datos comprometidos, sin esperar al cierre de la investigación, y que se efectúe una auditoría integral de la infraestructura, además de medidas específicas para el personal afectado.
