La decisión de suspender el cobro de los billetes se tomó tras una serie de incidentes graves que afectaron la red. El 20 de enero, un accidente a la altura de Gelida, en la línea R4, provocó la muerte de un maquinista en prácticas y dejó una cuarentena de heridos, cinco de ellos en estado grave. Este suceso siguió al descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) dos días antes, que causó 46 víctimas mortales.
Estos eventos desencadenaron una paralización casi total de la red de Rodalies durante tres días. Los maquinistas, convocados por un sindicato, realizaron dos jornadas de huelga para denunciar las deficiencias en la infraestructura y las carencias de seguridad que, según ellos, quedaron patentes con los accidentes.
Ante la situación, el gobierno, en colaboración con las empresas ferroviarias, estableció un comité de crisis. Se habilitaron autobuses lanzadera para cubrir los tramos afectados y se reforzó el servicio de metro en Barcelona para paliar las molestias a los usuarios.
La situación generó la indignación de los viajeros, hartos de sufrir años de carencias en la red de trenes.
La indignación ciudadana se manifestó el 7 de febrero, cuando miles de personas se concentraron en Barcelona, convocadas por diversas plataformas, para exigir mejoras urgentes y denunciar la falta de inversión en la infraestructura ferroviaria.
La circulación de los trenes se restableció progresivamente, con limitaciones de velocidad en muchos tramos. Se identificaron puntos que requerían obras urgentes, como el túnel del Garraf, con un presupuesto superior a los 90 millones de euros. Algunas de estas obras aún están en ejecución.
La gratuidad del servicio, que se había prorrogado mensualmente, ya no se considera necesaria por parte del gobierno, que afirma que Rodalies ha recuperado el 90% de su pasaje habitual.
