La sección de pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras ha hecho público su malestar ante la clausura de estas dependencias. Según la entidad, la medida afecta gravemente tanto a particulares como a empresas del Alt Urgell, la Cerdanya y a los residentes españoles en Andorra.
El colectivo señala que el problema no se limita únicamente al cierre actual, sino que es el resultado de una degradación del servicio durante los últimos años. Critican la falta de personal dedicado a la atención al público y la escasa información facilitada por parte de las autoridades provinciales y estatales sobre la gestión del servicio.
Es doblemente doloroso por el hecho de que las administraciones públicas acostumbran a utilizar expresiones retóricas sobre el apoyo al mundo rural, expresiones que son directamente contradictorias con el cierre de oficinas de servicio público.
La petición formal exige a los responsables de la Seguridad Social que restablezcan el funcionamiento de la oficina con personal estable. El objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan realizar los trámites necesarios ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social sin tener que desplazarse.
