El proceso judicial, que se inició este lunes con las cuestiones previas, se centra en la pieza principal del caso, fusionada con la pieza 2, que investiga supuestas anomalías en la edificación del centro hospitalario, inaugurado en 2010 con una inversión de 170 millones de euros.

La Fiscalía solicita para algunos de los acusados penas de 10 años de prisión, 20 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 200.000 euros. Entre los señalados se encuentran el expresidente del Institut Català de la Salut y exdirector de Innova, así como el exalcalde socialista de Reus y consejero delegado de Innova.

El escrito de acusación de la Fiscalía apunta que dos exdirectivos de CatSalut crearon empresas privadas después de ser cesados de sus respectivos cargos públicos. Se les acusa de haber recibido contratos de Innova de manera irregular para realizar estudios de asesoramiento en la construcción del hospital, servicios que, según la acusación, no se pudieron justificar. Estos contratos, por un valor superior al millón de euros, fueron firmados por varios responsables, incluyendo los ya mencionados exdirectivos.

Durante las cuestiones previas, se ha anunciado un principio de acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de dos de los acusados, un exdirectivo de Innova y un exgerente de infraestructuras de CatSalut. Los detalles de este acuerdo, que prevé una rebaja importante de las penas, se harán públicos con el inicio del juicio oral el 26 de mayo. La situación del resto de los acusados queda pendiente, ya que las defensas de otros implicados han criticado las diligencias y han pedido la nulidad de las pruebas.

Innova fue un holding creado a principios de los 2000 por el Ayuntamiento de Reus, que agrupaba una veintena de empresas municipales y gestionaba el hospital de la ciudad, llegando a controlar el 70% del presupuesto municipal. Con el tiempo, el conglomerado expandió su gestión a otros hospitales. Las sospechas sobre su gestión llevaron a denuncias de partidos políticos y a una investigación judicial que estalló con las primeras detenciones en 2013. El caso generó dieciséis piezas separadas, aunque la mayoría se han acabado archivando con el paso del tiempo.