La medida, que llega a su segunda temporada de pago, mantiene las tarifas del año anterior. Los residentes empadronados y contribuyentes del impuesto municipal de circulación podrán beneficiarse de un abono de 5 euros para todo el periodo estival. Para propietarios de viviendas sin impuesto de circulación en la localidad, la cuota será de 50 euros anuales por vehículo.

La ordenanza municipal también contempla tarifas especiales para personas arrendatarias empadronadas con un año de antigüedad, empresas con domicilio fiscal en el municipio y trabajadores de empresas locales, que deberán pagar 30 euros. El consistorio subraya que la finalidad principal es ordenar la movilidad, no la recaudación económica.

Se han introducido mejoras en la señalización con nuevos paneles informativos y se ha habilitado un punto de atención en la Oficina de Atención Ciudadana para consultas sobre los abonos. La gestión de las sanciones ahora depende de la Diputación de Tarragona. Actualmente, el municipio dispone de unas 1.200 plazas reguladas.

El año pasado, unos 3.500 usuarios se abonaron al servicio, con una ocupación del 70% por parte de residentes y abonados locales. El 30% restante permitió una rotación media de 95 minutos por vehículo para los visitantes.

Los ingresos generados por la venta de tickets y bonificaciones ascendieron a 142.035,38 euros el año anterior. Estos fondos, una vez cubiertos los gastos de mantenimiento, se reinvierten en mejoras de la vía pública, como el repintado de pasos de peatones, la creación de plazas para personas con discapacidad y la instalación de reductores de velocidad.

Esta regulación se enmarca en una estrategia más amplia que incluye la ampliación de aparcamientos gratuitos en la periferia, como el de Pixavaques, y la inminente finalización de las obras del gran aparcamiento de acceso a la población, financiado con fondos Next Generation, para descongestionar el casco urbano.