Las ciudades de Reus y Tortosa, las más grandes de la provincia de Tarragona, han quedado fuera de la nueva declaración de zona tensa residencial anunciada por la Generalitat en julio. A pesar de la salida, los ayuntamientos de ambas localidades alertan de que la problemática de acceso a la vivienda persiste. En Reus, preocupa especialmente la imposibilidad de limitar el precio de los alquileres.
En contraposición, Vila-seca (Tarragonès) y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) celebran su inclusión en la lista, aunque piden al Govern «flexibilizar» los trámites para impulsar la construcción de nuevas viviendas. Los agentes inmobiliarios (API) advierten que los cambios legislativos generan «inseguridad» a los propietarios y podrían reducir el parque de alquiler disponible.
La alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà, ha valorado positivamente la salida de la ciudad de la lista de municipios con mercado residencial tenso. Señala que el tope de precios aplicado en los últimos años ha frenado el incremento de los alquileres y que la ciudad cumple los criterios de asequibilidad. Lleixà ha explicado a la ACN que el consistorio no presentará alegaciones, ya que la normativa se revisa anualmente y se puede volver a aplicar si la situación cambia. «La suma de diferentes factores hace que, a pesar de las dificultades de vivienda, que evidentemente las hay, la situación ha mejorado el último año», ha declarado.
Lleixà ha destacado que Tortosa continúa siendo un municipio con demanda fuerte y que las políticas de vivienda social, la puesta a disposición de solares a la Generalitat y las iniciativas del Pla de Barris seguirán impulsándose para garantizar el derecho a una vivienda asequible.
En Terres de l’Ebre, la zona de mercado residencial tenso se mantiene con la inclusión de Camarles (Baix Ebre). En total, catorce poblaciones de la región figuran en la lista: en Montsià son Amposta, la Sénia, Santa Bàrbara, Sant Jaume d’Enveja, Ulldecona y Alcanar; en el Baix Ebre, Roquetes, l’Aldea, l’Ampolla, Deltebre, l’Ametlla de Mar y ahora Camarles; y en la Ribera d’Ebre, Móra d’Ebre y Móra la Nova.
Desde los API de Catalunya, el secretario Francesc Quintana ha expresado «sorpresa» por los cambios y ha criticado la «inseguridad jurídica» que generan los decretos constantes. Según Quintana, esto provoca que los inversores dejen de invertir, disminuyendo el parque de alquiler. Aunque las ciudades que salen de la regulación podrían ver actualizados los contratos de alquiler a precio de mercado, no se esperan subidas «muy considerables».
Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la URV, considera negativo el balance de la Ley de Vivienda. Argumenta que donde se ha aplicado ha habido una «moderación del aumento» pero no una reducción de precios, mientras que los municipios fuera de la regulación han sufrido un aumento por «efecto frontera». Nasarre prevé que en Reus y Tortosa se ofrecerán más viviendas de alquiler, atrayendo demanda, y que los municipios «liberalizados» experimentarán un «aumento bastante importante» de los precios.
Nasarre compara el sistema actual con un «PortAventura» de subidas y bajadas y advierte que alargar la regulación podría ser contrario a la Constitución, además de provocar el «deterioro» de los inmuebles por parte de los propietarios que no vean rentable el alquiler.
