La vigilancia marítima de los Mossos d'Esquadra se ha hecho más visible en las calas de la Costa Brava durante los meses de verano. Usuarios habituales de zonas como El Golfet, en Calella de Palafrugell, aseguran que la presencia de embarcaciones y motos de agua de la policía catalana es más frecuente este año que en temporadas anteriores, cuando era más puntual.
Además de las zonas naturales protegidas como el Cap de Creus o las Illes Medes, la Costa Brava Central, entre Begur y Palamós, concentra una importante actividad con unas 3.000 embarcaciones fondeadas cada verano. Entidades como SOS Costa Brava han reclamado históricamente más vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa que prohíbe fondear sobre la posidonia, y piden ampliar la red de boyas ecológicas para evitar daños en el fondo marino.
Esta mayor presencia policial coincide con campañas específicas de control de la pesca marítima recreativa, coordinadas por el Departamento de Interior, los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals. Desde 2022, estos dispositivos han permitido inspeccionar más de 2.200 pescadores recreativos. Los datos de la Generalitat indican que entre un 4% y un 10% de los controlados pescaban sin licencia obligatoria, una cifra inferior a las estimaciones anteriores.
Los incumplimientos se detectan principalmente entre pescadores ocasionales y turistas extranjeros en las zonas más turísticas, que a menudo desconocen la normativa. La pesca submarina registra el mayor porcentaje de irregularidades por falta de licencia, mientras que la pesca desde embarcación presenta menos incidencias.
El intendente Òscar Macarella, jefe de la División de Medio Ambiente de los Mossos, explicó que la finalidad de los controles no es solo sancionadora, sino también «informar, divulgar y prevenir» para preservar los recursos marinos. César Calabrès, de los Agents Rurals, señaló el incremento de visitantes y el desconocimiento de la normativa como causas de los incumplimientos.
La Generalitat estima que en Cataluña hay más de 53.000 practicantes de pesca marítima recreativa, con unas 600.000 salidas anuales y un impacto económico superior a los 65 millones de euros.
Esta intensificación de la vigilancia llega tras varios episodios de vandalismo contra las boyas de delimitación de espacios para bañistas en calas del Baix Empordà, como Cala Estreta, Cala Corbs y Cala Crit. En Palamós, el Ayuntamiento informó de una quincena de boyas afectadas, lo que supone un riesgo para los bañistas por la proximidad de las embarcaciones. Estos hechos, que se repiten desde 2024, han llegado al Parlament, donde los Comuns han reclamado más vigilancia y una investigación para identificar a los responsables.
