La medida responde a la preocupación por la acumulación de material, que supone un riesgo significativo en caso de incendio o para la posible necesidad de evacuar el inmueble de manera urgente. Esta actuación se ha centrado exclusivamente en las zonas comunes, ya que no es posible acceder a los pisos ocupados sin una orden judicial o la autorización expresa de los residentes.
El Ayuntamiento ha solicitado informes a Sanidad y equipos de emergencia para evaluar los riesgos derivados de la acumulación de residuos en edificios ocupados. Con estos informes, se pretende agilizar los trámites judiciales para el desalojo de inmuebles que presentan peligros para la salubridad y la seguridad.
Los vecinos de la zona han expresado su deseo de que se hubiera aprovechado la intervención para desocupar completamente el edificio y tapiarlo. El Ayuntamiento ha señalado que ya se están tramitando las gestiones necesarias a través de la oficina antiocupación, las cuales requieren una autorización judicial previa solicitud del propietario.
