La plantilla mantiene las movilizaciones porque, según explican los trabajadores, la dirección no ha avanzado en las gestiones con el Ministerio de Hacienda para evitar los recortes. Es la segunda protesta de este conflicto, después de la del 22 de julio, cuando más de 200 trabajadores se concentraron frente al World Trade Center, también coincidiendo con el consejo de administración.
El origen es un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que detectó una «desviación» entre la masa salarial autorizada y lo que se acabó abonando en determinados conceptos retributivos. El Puerto lo atribuye a un «desajuste técnico acumulado en el tiempo», vinculado a conceptos salariales pactados históricamente, y defiende que está obligado a corregirlo.
Para ello, el Puerto propone destinar una parte de los incrementos salariales que pueda aprobar el sector público a corregir la desviación, de modo que los sueldos seguirían subiendo, pero menos. Los representantes de los trabajadores, en cambio, cifraban en julio el recorte en un 8% y aseguraban que afectaría a casi 400 empleados.
La plantilla defiende que hay otros mecanismos para corregir la desviación sin perjudicar a los trabajadores y pide al Puerto que no se precipite ni dé por válido el informe de la IGAE. También interpela al Ministerio de Transportes, del que depende Puertos del Estado, por tener bloqueado el convenio colectivo, y al de Hacienda, al que reprocha que no lo dote económicamente.
Según CCOO, la asamblea de trabajadores del 14 de julio, con más de 350 asistentes, acordó por unanimidad un calendario de movilizaciones. Ya entonces, la presidenta del comité de empresa, Soraya Díaz, avisaba de que endurecerían las protestas:
“"A partir de hoy cortaremos lo que haga falta, haremos lo que sea para que la Autoridad Portuaria no recorte las nóminas de los trabajadores"
