Ante la jueza, Laporta negó rotundamente conocer a la inversora querellante y aseguró no haber firmado ningún contrato en representación de las sociedades Core Store (Barcelona) y CSSB Limited (Hong Kong), utilizadas para captar fondos destinados a proyectos como el ascenso del Reus Deportiu y una academia de fútbol en China.
El presidente azulgrana remarcó que se desvinculó de Core Store en 2019 y señaló a Joan Oliver, exdirector del Barça, como la persona encargada de gestionar dichas operaciones. Además, admitió que Core Store está siendo investigada actualmente por la Agencia Tributaria.
“"Lo que estamos es ante un cumplimiento contractual, pero en ningún caso ante una estafa, ni un engaño."
El abogado de la querellante, Pepe Oriola, insistió en que aportarán documentos con la firma de Laporta y anunció que tienen previsto solicitar una pena de seis años de prisión para Laporta y el resto de investigados, incluyendo al vicepresidente Rafael Yuste y al economista Xavier Sala i Martín.
Esta es solo una de las tres causas abiertas contra el presidente del FC Barcelona. También está siendo investigado por una presunta estafa de 4,7 millones de euros a una familia ganadora de lotería, y por otra querella de un inversor por 50.000 euros relacionada con el Beijing Institute of Technology.
