El calendario de implementación contempla la llegada de las tres primeras unidades antes de que finalice el año en curso, mientras que el resto de los dispositivos se integrarán a lo largo de 2027. Esta medida busca dotar a los agentes de una herramienta intermedia entre la defensa policial convencional y el arma de fuego.
La decisión ha generado reacciones diversas. Mientras que desde representantes sindicales se valora positivamente la herramienta para la intervención en situaciones de riesgo, entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional e Irídia han expresado su preocupación. Estas organizaciones cuestionan la clasificación del arma como intermedia y reclaman protocolos estrictos de uso.
Las dudas de las entidades se centran en la seguridad de los dispositivos y la necesidad de formación específica, especialmente en casos que involucran a personas con problemas de salud mental. Asimismo, se ha puesto el acento en la importancia de contar con cámaras corporales para garantizar la trazabilidad de las actuaciones y en la creación de mecanismos de supervisión interna para evitar usos indebidos.
