La medida, que había sido rechazada hace un año, ha superado un nuevo trámite gracias a una proposición del PP. Su implementación definitiva requerirá la aprobación de un nuevo reglamento policial en octubre y la posterior licitación para la compra de las armas de electrochoque.
El proceso administrativo para la adopción de estas armas es largo, contrastando con la rapidez del sector privado. Tras la votación de este viernes, el nuevo reglamento se debatirá en la comisión de Seguridad en julio, con una aprobación inicial. La votación definitiva tendrá lugar en octubre, abriendo paso al concurso público para adquirir las Taser.
La decisión llega después de que hace un año Junts votara en contra de un reglamento similar, argumentando la falta de diálogo con los sindicatos policiales. Ahora, con el apoyo de los posconvergentes, la puerta al uso de estas armas se vuelve a abrir, en un contexto marcado por incidentes delictivos recientes en la ciudad.
El líder de Junts, Jordi Martí, ha señalado que la iniciativa se impulsará si se corrigen los errores del pasado, incluyendo la opinión de los agentes. La cifra de 22 Taser previstas inicialmente por el gobierno del PSC podría ser revisada.
El PP, a través de su presidente del grupo municipal, Daniel Sirera, ha calificado de "ridícula" la cifra inicial y ha reclamado que todas las unidades de calle dispongan de estos dispositivos, estimando necesarias unas 150. Barcelona a Comú y Esquerra han votado en contra de la proposición del PP.
