La iniciativa, impulsada por el grupo municipal del PSC, busca establecer mecanismos que permitan limitar las rentas en aquellas zonas de la ciudad que sufren una mayor presión inmobiliaria. El objetivo declarado es garantizar la continuidad de los pequeños negocios y preservar la diversidad comercial de los barrios frente a la sustitución de establecimientos tradicionales.
Durante el debate en el plenario, la propuesta ha recibido el apoyo de Junts per Barcelona, Barcelona en Comú y ERC, aunque el gobierno municipal ha sido objeto de críticas por parte del resto de formaciones. Algunos grupos han cuestionado la eficacia de la medida y han reprochado al gobierno local la falta de acciones propias en este ámbito durante los últimos dos años.
Por su parte, el grupo municipal del PP ha manifestado su rechazo a cualquier intervención en el mercado. Los populares han criticado el modelo comercial actual de la ciudad y han señalado problemas de gestión en la relación con los comerciantes de zonas como la Sagrada Familia.
