El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido anular una multa de tráfico a un ciudadano con movilidad reducida. La sanción se había aplicado por no llevar visible la tarjeta de aparcamiento, un documento esencial para personas con discapacidad. Esta acción se enmarca en el reconocimiento del derecho ciudadano a corregir errores ante la administración.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona fue quien solicitó la revocación de la multa. Según el organismo, el conflicto se originó cuando la tarjeta de aparcamiento del ciudadano cayó accidentalmente del vehículo mientras estaba estacionado en una plaza reservada. El Síndic consideró la sanción "desproporcionada" y poco respetuosa con los principios de "proporcionalidad y buena administración", destacando que el denunciante actuó de "buena fe".
El Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona ha calificado el incidente como "un error material de carácter formal". Ha confirmado que la persona sancionada disponía de la tarjeta de estacionamiento vigente y cumplía los requisitos para utilizar la plaza reservada, sin haber tenido infracciones similares en los últimos diez años.
Esta resolución se considera "relevante" por la Sindicatura de Greuges, especialmente tras la aprobación el pasado noviembre de una proposición de ley que consagra el principio de confianza y el derecho a corregir errores involuntarios en trámites administrativos. Este nuevo marco normativo permite una revisión de situaciones con una "visión más amplia" que la meramente formal.
