El Ayuntamiento de Barcelona continúa expandiendo su Plan de Videovigilancia con la instalación de nuevas cámaras en puntos estratégicos de la ciudad. Se añadirán once unidades en los Búnkers del Carmel, treinta en el Anillo Olímpico, diecinueve en el Parc de Pegaso, treinta en la Fira de Bellcaire y Fort Pienc, y también en el Passeig del Born. Estos espacios, que reciben una gran afluencia de público, se integrarán en la red de seguridad ciudadana existente.
Estas nuevas autorizaciones, que complementan las fases 2 y 3 del plan, representan un avance significativo en la videovigilancia policial de zonas consideradas sensibles por la seguridad, la convivencia y la gestión de grandes concentraciones de personas. El objetivo es mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante incidentes en el espacio público.
Además, el Ayuntamiento ha obtenido un informe favorable para instalar cámaras en varios espacios de Nou Barris, como el Parc de la Guineueta, la plaça d'Àngel Pestaña y la plaça Roja, así como en la plaça Universitat en el Eixample. Actualmente, se espera la autorización final para poder tramitar estos proyectos, con previsión de instalación antes de 2027.
Estas actuaciones se suman a las ya implementadas en la Fase 1, que incluyen 26 cámaras operativas en la Plaça de Catalunya y el Front Marítim. También están en marcha trabajos para instalar seis cámaras en la Avinguda de la Catedral y veinte más en la Plaça Reial. La primera fase también prevé la renovación de las 30 cámaras del edificio del Ayuntamiento y la instalación de 21 nuevas en la Rambla del Raval.
Con las 26 cámaras ya activas, la ciudad cuenta actualmente con 186 dispositivos. El Plan de Videovigilancia prevé alcanzar las 500 nuevas cámaras distribuidas en 34 espacios hasta 2027, sumando un total de 660, para cubrir todos los distritos y reforzar la seguridad y la prevención.
La selección de los emplazamientos se basa en criterios objetivos como el análisis de la delincuencia, la vulnerabilidad de espacios e indicadores policiales. Las cámaras tienen una doble función: preventiva y disuasoria, y facilitan la investigación policial y la recogida de evidencias.
Todo el despliegue se realiza con garantías jurídicas y bajo el control de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya, cumpliendo los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima intromisión. El sistema no incorpora reconocimiento facial ni inteligencia artificial, y la gestión de datos sigue la normativa vigente.
La superficie videovigilada representará aproximadamente el 5,16% del espacio público una vez completadas las cuatro fases, concentrando los dispositivos donde existen necesidades acreditadas de seguridad, buscando un equilibrio con los derechos fundamentales.
Esta iniciativa se enmarca en una estrategia integral de seguridad que combina más presencia policial, innovación tecnológica, coordinación institucional y refuerzo de la convivencia, incluyendo el incremento de efectivos de la Guàrdia Urbana y la nueva Ordenança de Convivència.
