La primera reunión oficial entre el gobierno municipal, encabezado por el concejal del Eixample, Jordi Valls, y representantes de la asociación de vecinos y la plataforma de afectados por la construcción del templo se celebró el pasado jueves. A la cita no asistió ningún representante de la Sagrada Familia, que mantiene una negociación bilateral con el consistorio.

A pesar del hermetismo sobre el contenido de la reunión, ambas partes destacan la voluntad de llegar a un pacto, aunque reconocen la dificultad del proceso. Las principales cuestiones sobre la mesa son el número de vecinos afectados por la escalinata, su realojo o indemnización, y la responsabilidad del pago de una operación que podría costar entre 150 y 200 millones de euros.

El conflicto se remonta al Plan General Metropolitano de 1976, que preveía una avenida de 60 metros de anchura frente al templo, implicando el derribo de las casas afectadas. Propuestas posteriores han intentado reducir esta afectación, pero aún no está claro si el proyecto actual mantiene esta limitación.

Uno de los retos clave es delimitar la zona exacta afectada y determinar cuántos vecinos optarán por una indemnización o necesitarán ser realojados. La capacidad del solar adquirido por la Sagrada Familia en 2019 es un factor a considerar para posibles nuevos edificios residenciales.