La medida ha prosperado en una comisión extraordinaria de derechos sociales con el apoyo de varios grupos municipales, que han criticado la iniciativa por considerarla inadecuada para el entorno escolar. Aunque el programa se había planteado para una quincena de centros en todo el territorio, el consistorio ha señalado que en la capital catalana no se ha llegado a implementar en ninguna escuela ni instituto.
Durante el debate, los grupos impulsores de la propuesta han defendido que los conflictos en el ámbito educativo deben abordarse desde una perspectiva pedagógica y comunitaria, rechazando la presencia estable de cuerpos policiales dentro de las aulas. Asimismo, han aprovechado para reclamar más recursos, mejoras salariales y un incremento de la plantilla docente para hacer frente a las necesidades actuales del sector.
“"La educación no pide policías en las escuelas, es injustificado y está alejado de las necesidades reales de la comunidad educativa."
Por su parte, el gobierno municipal ha defendido el modelo de convivencia y seguridad ya consolidado en la ciudad, que actúa ante situaciones complejas o de absentismo en entornos vulnerables. A pesar de coincidir en algunos puntos, han votado en contra de la proposición al considerarla un instrumento de confrontación política contra el ejecutivo autonómico, defendiendo que la prioridad debe ser la inversión en el sistema educativo.
