La iniciativa, impulsada por el alcalde Jaume Collboni y presentada por la concejala de Comercio, Raquel Gil, busca preservar el comercio de proximidad ante el auge inmobiliario y turístico. La propuesta pide al Gobierno español modificar la ley de arrendamientos urbanos (LAU) y a la Generalitat crear un nuevo instrumento de tanteo y retracto para locales estratégicos.
ERC y Comuns apoyaron la medida, aunque discreparon con la fórmula socialista, mientras que Junts, el PP y Vox la rechazaron por considerarla "intervencionista". La patronal Barcelona Oberta también se mostró en desacuerdo con la "regulación" como solución.
La concejala Raquel Gil defendió la medida como un compromiso con la "defensa del comercio de proximidad, de los comercios singulares y los establecimientos tradicionales" como elementos identitarios de los barrios. Se busca evitar la homogeneización comercial y la pérdida de referentes locales.
El debate sobre la regulación de los alquileres comerciales no es nuevo, ya que en 2024 ERC ya presentó una proposición similar que fue aprobada en Comisión de Economía con el apoyo del PSC y los Comuns.
