La CGT ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Departamento de Interior y Seguridad Pública. La acción legal se fundamenta en una supuesta “vulneración de derechos fundamentales” debido a la infiltración de dos agentes de paisano en una asamblea de docentes. La abogada de la federación de Enseñanza del sindicato, Mireia Salazar, ha dirigido la demanda “de manera específica” a la dirección general de los Mossos d’Esquadra.

Desde el Departamento de Interior, la secretaria general de Enseñanza, Laura Gené, ha defendido la medida policial como una acción necesaria para “la protección y defensa de los derechos de reunión, de sindicación y el legítimo derecho de protesta”. Paralelamente, la CGT ha solicitado formalmente a la policía catalana la documentación de todas las infiltraciones llevadas a cabo en los últimos diez años.

Según ha detallado Salazar, la actuación policial, que tuvo lugar el pasado 6 de mayo en el Institut Pau Claris de Barcelona, supuestamente ha vulnerado los derechos de huelga, las libertades sindicales y el derecho a la libre expresión de los asistentes a la asamblea. En el contencioso, la CGT pide aclaraciones sobre “quién ordenó el operativo, bajo qué condiciones, y entendiendo cuál era el riesgo”, y si el Departamento de Educación tuvo alguna implicación.

La letrada ha enfatizado que la decisión de la policía catalana de llevar a cabo “actuaciones preventivas para no ser fiscalizadas de manera ilegal” evidencia la vulneración de derechos. La CGT no descarta unirse a otros sindicatos del sector en una causa conjunta en el futuro, aunque la prioridad actual es resolver el conflicto docente existente con el Departamento de Educación y Formación Profesional.

Por su parte, la también abogada del sindicato Mireia Bazaga ha confirmado la solicitud de información a la comisaría general de información de los Mossos d’Esquadra sobre infiltraciones en reuniones, asambleas y movilizaciones de la CGT durante la última década. Esta petición surge de “sospechas” generadas tras las declaraciones del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la consellera de Interior, Núria Parlon, ante la comisión del Parlament. Bazaga considera que el sindicato tiene “derecho a conocer estas circunstancias” y a saber cuáles son las “prioridades” del cuerpo policial ante la “actividad legítima” del sindicato.

Gené ha expresado “mucha preocupación” por las declaraciones de Parlon y Trapero, quienes reconocieron el incidente como un “error por inercia”. La sindicalista ha criticado que, mientras se alerta de la amenaza de la extrema derecha, “con un PSC así casi ya la tenemos”.