La Unión Temporal de Empresas (UTE) Clavegueram de Barcelona, integrada por Aguas de Barcelona (con participación de Veolia y el Área Metropolitana de Barcelona), Sociedad General de Aguas de Barcelona (Veolia) y Acsa Obras e Infraestructuras (Sorigué), ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del contrato de mantenimiento del alcantarillado de la ciudad a FCC Medio Ambiente. El acuerdo, formalizado el pasado junio, tiene una duración de ocho años y un valor cercano a los 188 millones de euros.
El recurso ha sido admitido a trámite y el juez ha solicitado al consistorio barcelonés el traslado del expediente. Las empresas de la UTE estudiarán las vías legales para decidir si prosiguen con el camino judicial.
La adjudicación a FCC Medio Ambiente estuvo marcada por la consideración de su oferta de 129,2 millones de euros (IVA incluido) como 'baja temeraria'. Aunque la baja del 3,645% superaba el máximo del 3% establecido en los pliegos, el Ayuntamiento de Barcelona validó la oferta tras la justificación de la empresa.
Además, se detectó un error material en la evaluación de las ofertas, ya que se tuvo en cuenta el IVA en el cálculo de las bajas. Esta corrección modificó ligeramente las puntuaciones, aunque no cambió el resultado final. El contrato se formalizó por 121,1 millones más IVA (141,7 millones).
Previamente, una filial de Veolia, Aquambiente, ya había recurrido los pliegos ante el Tribunal Catalán de Contractes del Sector Públic (TCCSP). El TCCSP estimó parcialmente sus reclamaciones, obligando al ayuntamiento a enmendar aspectos como los criterios de adjudicación, las tablas salariales de referencia y la fórmula de valoración de las ofertas económicas.
El contrato, que incluye mantenimiento, inspección y limpieza del alcantarillado, tiene una duración prevista de ocho años con posible prórroga. Desde 1911, este servicio ha sido adjudicado a FCC Medio Ambiente. La supervisión del servicio recae en la empresa pública Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA) e implica a unos 200 trabajadores para una población estimada de 1,7 millones de vecinos.
