El partido de Oriol Junqueras, ERC, ha reconocido en un correo electrónico interno la complejidad y el tiempo necesario para el traspaso de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a Cataluña. Según el documento, la transferencia requeriría un mínimo de tres años, un plazo que contrasta con el objetivo inicial de un año. Esta admisión de realismo, poco habitual en la formación republicana, se produce en un contexto de negociaciones presupuestarias con el Gobierno.

El texto, al que ha tenido acceso el diario El Mundo, también señala la "amenaza de bloqueo" por parte de Junts pel Sí respecto a la financiación pactada con el Gobierno central. Esta situación añade incertidumbre al proceso, ya que la cesión del impuesto está ligada a la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica.

La dirección de ERC argumenta ante su militancia que "retrasa el IRPF a cambio de nuevos pasos adelante para el país", defendiendo que se trata de "negociar para avanzar" y "buscar las vías posibles". Sin embargo, buena parte de las bases republicanas no han comprendido la renuncia a exigir este primer paso hacia la "soberanía fiscal" catalana.

En paralelo, los partidos de Sumar, incluyendo Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid, han instado al PSOE a actuar ante los escándalos que afectan al partido, pidiendo "leyes, medidas y ejemplaridad". En un acto celebrado en Barcelona, los socios de coalición se han presentado como la "izquierda limpia" y han puesto la vivienda como eje central de sus propuestas, aunque han insistido en que no se trata de un "cheque en blanco" para el Gobierno.

En el ámbito independentista, Xavier Antich ha sido reelegido presidente de Òmnium Cultural hasta 2030. Tras su reelección, Antich ha alertado sobre un "ciclo electoral diabólico" que obliga a la entidad a "estar más preparados y a jugar mejor las cartas para avanzar en nuestras aspiraciones nacionales".

Finalmente, el sindicato mayoritario en el sector educativo catalán, Ustec-STEs, ha desconvocado las huelgas territoriales previstas para la próxima semana, a la espera de que los docentes voten el preacuerdo alcanzado con la Conselleria de Educación. El acuerdo prevé una subida salarial de 600 euros, que, según el Govern, convertirá a los docentes catalanes en los mejor pagados de España.