El Consorci de la Mina, integrado por la Generalitat, la Diputació de Barcelona y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià, ha solicitado la suspensión de los lanzamientos judiciales ordenados para el bloque de la calle d’Ernest Lluch. Inicialmente, había cinco desahucios programados para el 29 de junio, 8 de julio y el lunes 13 de julio, día en que los agentes tampoco se presentaron.
Con esta suspensión, no hay ningún otro desalojo programado hasta septiembre, cuando los juzgados reanuden su actividad tras el periodo vacacional. En esta primera fase, se han ejecutado un total de 11 desahucios: 10 entre el 18 y el 25 de junio, marcados por una fuerte presencia policial y episodios de tensión vecinal, y un último el 2 de julio. A partir de septiembre, se prevén lanzamientos cada jueves, al menos hasta diciembre, con programación de hasta tres o cuatro desalojos simultáneos algunos días.
A pesar de ello, cuatro familias han reocupado los pisos donde vivían tras retirar las puertas antiocupación instaladas por los Mossos d’Esquadra. El Consorci ha denunciado estas reocupaciones y ha pedido al juez el desalojo inmediato, pero la justicia ha desestimado todas las demandas presentadas hasta ahora. Una resolución reciente admite que el desalojo es la medida "idónea para recuperar la posesión", pero considera que "no aparece suficientemente acreditada su necesidad urgente, ni resulta proporcionado su adopción".
En resoluciones anteriores, la justicia había argumentado que la parte denunciante es una "persona jurídica multipropietaria" y que la parte denunciada acredita "situación de vulnerabilidad habitacional". La interlocutoria también señaló que el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, de momento, "no ofrece una alternativa habitacional".
