La preocupación por la proliferación de armas de fuego en entornos criminales en Cataluña ha llevado al Departamento de Interior y a la policía catalana a reclamar cambios legislativos. Aunque la región se mantiene segura en comparación con otros países europeos, el aumento de incidentes relacionados con el narcotráfico ha evidenciado la necesidad de adaptar el Código Penal a una realidad criminal que trasciende la delincuencia común.

La 'consellera' de Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, han defendido la necesidad de endurecer las penas, especialmente para el cultivo a gran escala de marihuana y la tenencia ilícita de armas. Según los Mossos, muchos incidentes graves están vinculados a organizaciones transnacionales que utilizan Cataluña como base logística o estratégica para sus negocios ilícitos.

Cataluña se ha convertido en uno de los principales centros productores de cannabis de Europa, con una demanda internacional elevada y facilidad de exportación. La policía considera que las penas actuales son insuficientes para la producción industrial y la vinculación con redes criminales internacionales, que a menudo recurren a la violencia armada.

Durante 2025, se registraron 626 incidentes relacionados con armas de fuego en Cataluña. De estos, un 28% confirmaron el uso de armas reales, mientras que un 25% fueron simuladas o falsas. A pesar de una reducción inicial en el primer trimestre de 2026, la tendencia ha vuelto a aumentar, con un incremento del peso de las armas reales (35%) y una clara predominancia de pistolas y armas cortas (70% de las intervenidas).

El litoral catalán concentra el 87% de los incidentes, coincidiendo con las zonas de implantación del narcotráfico. La policía distingue entre una Cataluña interior con menos episodios y una franja costera donde confluyen actividades criminales y grupos transnacionales. Entre 2024 y 2025, los episodios con uso efectivo de armas de fuego crecieron un 35%, dejando ocho fallecidos y 28 heridos. En los primeros cinco meses de 2026, ya ha habido seis muertos y 18 heridos, con indicios de criminalidad organizada.

Interior admite que no existe una solución policial sencilla, ya que los tiroteos relacionados con organizaciones criminales no responden a patrones predecibles. Por ello, el Govern considera que la respuesta debe pasar por la vía legislativa. Las propuestas incluyen endurecer las penas para el cultivo de marihuana, equiparando las grandes plantaciones industriales a conductas de mayor gravedad, y elevar las penas por tenencia ilícita de armas cortas, que actualmente son de uno a dos años, a una horquilla de cuatro o cinco años.