La decisión de León XIV de visitar la torre de Jesús de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de Antoni Gaudí, fue aprovechada por el gobierno español y la Conferencia Episcopal para promover la basílica y su creador como elementos de la Marca España. El objetivo era evitar que la proyección internacional de estos iconos universales se viera como una proyección de Cataluña, buscando asimilar el talento y el patrimonio catalán bajo una etiqueta hispánica.
La presencia del Borbón se consideró clave para monopolizar la atención mediática, relegando a las autoridades catalanas a un papel secundario y presentando Cataluña como una región más dentro del Estado. Los actos oficiales se plantearon mayoritariamente en castellano, con concesiones mínimas al catalán, para transmitir una imagen de unidad y desmovilización del independentismo.
A pesar de estos planes, la presión mediática catalana forzó una rectificación, aumentando la presencia del catalán. No obstante, los actos estuvieron marcados por un fuerte control policial, con un despliegue de 7.000 agentes, incluyendo la policía española y la Guardia Civil, una cifra considerablemente superior a visitas anteriores como la de Benedicto XVI, y con un presupuesto de 15 millones de euros, muy por encima de los 700.000 de entonces.
Este operativo policial se enmarca en una estrategia de criminalización del independentismo, comparándolo con la calificación de "terrorista" a concejales y movimientos como los CDR y Tsunami Democràtic. La requisa de esteladas, incluso entre las partituras de los cantantes de la Sagrada Familia, culminó con la expulsión y encierro de coros infantiles, generando miedo y llantos entre los niños y su posterior prohibición de participar en la clausura.
Las versiones contradictorias ofrecidas por la policía española, la Conferencia Episcopal Española, el gobierno español y la Delegación del Gobierno en Cataluña sobre la expulsión de los cantantes ponen de manifiesto, según el autor, un delito de odio. Esta actuación es calificada de "barbaridad" y "fascismo", reflejando una praxis habitual del Estado español hacia la disidencia catalana.
El gabinete jurídico Acció Cassandra ha presentado una querella considerando el incidente una "actuación coactiva, arbitraria y de una gravedad extraordinaria" contra ciudadanos catalanes. La querella argumenta que la expulsión y retención de los coros infantiles podría encajar en delitos de detención ilegal, abuso de autoridad y odio ideológico, y alerta que normalizar estos hechos supone un salto cualitativo en la represión simbólica.
El artículo defiende que, en un régimen democrático, la censura previa y el control mental no son aceptables. Argumenta que la voluntad de los cantantes de interpretar el himno de Cataluña, como país anfitrión, no era un acto terrorista sino una expresión legítima. La sumisión y la negación de la propia identidad solo fortalecen la opresión, y la libertad solo se alcanza mediante la desobediencia y la rebeldía.
