Se trata del desalojo de una vecina con tres hijos menores del número 60 de la calle de Buenos Aires, que se llevó a cabo el pasado 20 de mayo. Según fuentes municipales, el trámite se inicia en aplicación de la Ley 24/2015, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a personas sin recursos.
La tramitación de este procedimiento puede acabar con una sanción económica de entre 9.001 y 90.000 euros. El comisario de Vivienda, Joan Ramon Riera, ha afirmado que el consistorio “tiene que hacer cumplir la ley sí o sí y, por tanto, se deben abrir de oficio los expedientes que toquen a partir de la información recogida por los servicios municipales”.
Riera ha subrayado el compromiso del consistorio con el derecho a la vivienda y con hacer cumplir la responsabilidad de los grandes tenedores y algunos fondos de inversión respecto a sus viviendas y inquilinos. Ha garantizado que se trabaja para que “cada vez más viviendas vayan a parar al mercado residencial” y ha advertido que “las explotaciones económicas sobre la vivienda no son bienvenidas en Barcelona”.
