La iniciativa, impulsada por varios grupos parlamentarios, cuestiona la decisión del Ministerio de Política Territorial de otorgar al inmueble, situado en el número 43 de la vía, la categoría de lugar de memoria sin cesar su actividad policial. Los firmantes consideran que la presencia actual de las fuerzas de seguridad es incompatible con la reparación de las víctimas y la visibilización de las vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura y la Transición.
El texto propone la restitución de la titularidad del edificio a la Generalitat de Catalunya, perdida en 1939, y la transferencia de los fondos documentales relacionados con las personas detenidas. El objetivo final es crear un Centro Nacional de Interpretación de la Represión Política y Tortura que garantice el acceso a la información y la preservación de la memoria histórica.
A pesar de la aprobación de la declaración, esta no será leída en el pleno al no alcanzar los dos tercios de apoyo necesarios, debido a la abstención del PSC. Esta posición ha generado críticas por parte de otras formaciones políticas, que señalan la continuidad de la actividad policial como un obstáculo para la resignificación del espacio.
