La auditoría ha puesto el foco en la eficacia y el control del gasto público en ámbitos clave. En cuanto a la Salud, el informe emite una opinión desfavorable sobre la legalidad en la contratación, detectando desviaciones presupuestarias de 1,79 millones de euros en entidades como el Banc de Sang i Teixits y el Consorci Sanitari del Maresme.
En el ámbito de la Educación, la fiscalización del servicio de comedor escolar revela una falta de sistemas de control integral por parte del departamento competente. A pesar de la importancia del servicio para 300.000 usuarios, el informe apunta a una dispersión en la gobernanza y contratos que no se ajustan a la normativa vigente.
En cuanto a la acción exterior, la Sindicatura cuestiona la gestión de las delegaciones del Govern, señalando la ausencia de indicadores para evaluar objetivos e irregularidades en la planificación presupuestaria. Finalmente, en materia de sinhogarismo, la auditoría destaca debilidades en la ejecución del programa marco, con una baja cifra de viviendas cedidas respecto a las previsiones iniciales.
