Durante el tercer Debate de Orientación Política General de la legislatura, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado "un único nosotros" y ha afirmado que "el miedo nunca ha hecho grande a un país, la esperanza sí". Illa ha reiterado su "compromiso de cumplir los acuerdos de investidura", destacando que la mitad ya están completados y que se trabaja con "máxima ambición para construir la Cataluña de la próxima década". Ha recordado ocho reuniones con el Estado en dos años que han resultado en 40 acuerdos.
En relación con la amnistía, el presidente ha señalado que "no es un punto y final, es un punto de partida" para devolver aquello que nunca debió salir del ámbito político. Ha hecho un llamamiento a preservar la independencia del poder judicial, pidiendo respeto por las decisiones judiciales y, a la vez, respeto del poder judicial por las decisiones del poder legislativo.
La vivienda ha sido destacada como "prioridad del Govern y del país", un tema que "debe resolverse conjuntamente". Illa ha agradecido la disposición de los grupos a debatir los acuerdos que se llevarán al Parlament y al Congreso, confiando en que "salga adelante" y "todos somos necesarios para que esto prospere". Ha recordado el Plan 50.000, la compra de 4.600 viviendas y las sanciones "contundentes" por incumplimientos en la Ley de Vivienda. Ante los desahucios, ha asegurado que el Govern "siempre" estará "al lado de las personas, ofreciendo una alternativa habitacional".
En cuanto al catalán, el presidente ha insistido en la necesidad de desbloquear su oficialidad en la Unión Europea, considerándolo el "reconocimiento de un derecho lingüístico". Ha subrayado que el Gobierno de España ha hecho bien de no aprobar nuevas ampliaciones hasta resolver esta cuestión, ya que "20 millones de ciudadanos españoles, entre ellos los catalanes, tenemos derecho a que en Europa podamos hablar catalán". También ha emplazado al presidente del PP a dar apoyo a esta medida.
En materia de financiación, Illa ha pedido "coraje" al PP para defender la propuesta catalana, que también beneficiaría a comunidades autónomas populares como Murcia o la Comunidad Valenciana.
Finalmente, ha defendido los servicios públicos como "garantía de igualdad", poniendo en valor la sanidad pública y la escuela inclusiva como "termómetro moral de una sociedad".
