El sector de la alimentación considera "imposible" tener a punto para el próximo año el nuevo sistema de devolución, depósito y retorno de envases (SDDR), que obliga a los comercios a aceptar los envases de bebidas de un solo uso. Fabricantes y distribuidores apuntan a enero de 2029, el plazo máximo fijado por la Unión Europea, como fecha realista para su aplicación en España.
Según estimaciones del sector, se trataría de gestionar unos 17.000 millones de unidades anuales, que podrían ser devueltas en más de medio millón de establecimientos comerciales. La inversión estimada para la maquinaria, los espacios de almacenamiento y la puesta en marcha del sistema oscila entre 400 y 600 millones de euros. A este coste económico se suma la complejidad logística, debida a la atomización municipal y a un modelo de consumo de bebidas diferente al de otros países europeos, con gran importancia de bares y restaurantes.
La falta de un reglamento español específico obliga a basarse en la normativa europea, que concede un margen de tres años. El SDDR, similar al sistema antiguo para las botellas de vidrio, busca mejorar el reciclaje y la reutilización de los envases. Aunque una veintena de países europeos ya lo aplican, el modelo español será uno de los más grandes y deberá considerar la gran afluencia de turistas y la diversidad de municipios.
Una de las propuestas para facilitar la implementación es que los municipios más pequeños se agrupen para gestionar puntos de recogida conjuntos, especialmente en la denominada "España vaciada". También se prevé la necesidad de ofrecer sistemas de retorno automáticos y manuales para garantizar la accesibilidad a todo tipo de usuarios. Ecoembes, la empresa gestora actual de los contenedores de calle, también trabaja con la hipótesis de un aplazamiento.
El sistema prevé cobrar un depósito adicional en el momento de la compra de la bebida, con un importe aún por decidir (entre 7 y 40 céntimos, según el envase), que se devuelve cuando el cliente retorna el envase vacío en un punto habilitado.
Tanto ecologistas como el Ministerio para la Transición Ecológica subrayan la urgencia de resolver esta cuestión, recordando que España ya ha recibido advertencias de Bruselas por el escaso éxito del sistema actual. En 2023 solo se recogió el 41,3% de las botellas de plástico de bebidas, lejos del objetivo del 70% fijado por la ley española, y muy por debajo del 90% exigido para 2029 según el nuevo marco europeo.
