La nueva guía del Ministerio de Educación y Formación Profesional pretende dotar a las direcciones de colegios e institutos de una hoja de ruta clara para diseñar protocolos efectivos contra el acoso escolar. Según un estudio de Funcas, una de cada cuatro familias cambia de centro educativo ante la inacción de la escuela en casos de 'bullying'.
El documento define el acoso escolar y establece unos plazos muy concisos para detener los casos. La primera alerta deberá comunicarse a la dirección en 24 horas, con medidas de protección activadas en el mismo plazo. La recogida de información no debería superar los 5 días hábiles, y el dictamen se emitirá en 48 horas. El plan de intervención arrancará en un máximo de 10 días hábiles, con un seguimiento de al menos 6 meses lectivos.
En España, el 6,2% de los estudiantes de entre 4º de primaria y 4º de ESO sufren acoso escolar, mientras que el 2% se declaran acosadores, según un informe de 2023 de la Universidad Complutense de Madrid.
La guía, elaborada por especialistas en educación y convivencia, remarca que un caso se considera 'bullying' si hay intencionalidad de causar daño, reiteración y desequilibrio de poder. Las autoras, Ana Angulo Fernández-Pacheco, Elena Marqués, María Amparo Cortell Escrivá y Andrea Escrivá Ferrer, señalan que un segundo episodio puede ser suficiente si se dan estos factores. Subrayan que la mediación ordinaria no es adecuada para el 'bullying', ya que no es un conflicto entre iguales.
En cuanto al ciberacoso, se destaca que el daño se puede amplificar por la difusión masiva, la permanencia en internet y el anonimato. Más del 70% de las víctimas de ciberacoso también sufren acoso presencial. La guía incluye riesgos digitales como videojuegos, suplantación de identidad, difusión de imágenes y contenidos generados por IA, recomendando conservar las pruebas sin editar.
La detección temprana es fundamental y requiere vigilancia activa. Las señales de alerta incluyen cambios bruscos de conducta, aislamiento, tristeza o ansiedad. Los canales internos de ayuda deben ser seguros, confidenciales y conocidos por el alumnado.
