El Ayuntamiento de Platja d'Aro ha optado por no solicitar la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional, que contempla la desafectación de 850 viviendas situadas dentro de la ley de Costas. Esta decisión permitirá a los propietarios recuperar sus hogares, y el consistorio prefiere dar margen al Estado para encontrar una fórmula jurídica que permita esta recuperación a un precio simbólico, evitando que el Estado obtenga un rendimiento económico.
El alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, explicó que, desde el punto de vista jurídico, la propiedad todavía pertenece al Estado. Esta situación podría llevar a escenarios como el alquiler de las viviendas a los mismos propietarios o su subasta. Jiménez se reunió con el subdelegado del gobierno español en Girona, Pere Parramon, quien confirmó la intención de no recurrir la sentencia y de buscar una solución pactada.
El alcalde señaló que la voluntad del Estado es encontrar una manera para que los vecinos no tengan que asumir un coste económico elevado. Se ha concedido un plazo "razonable" y se prevé una nueva reunión con el gobierno español para septiembre para evaluar los avances. Varios afectados ya han solicitado la desafectación al saber que la sentencia no sería recurrida.
El Ayuntamiento recuerda que, jurídicamente, las propiedades todavía son del Estado y podrían generarle rendimiento. Por ello, se considera oportuno dar un margen de negociación tras el mes de agosto. Jiménez confía en que el Estado actuará cuando tenga garantías jurídicas para resolver la cuestión patrimonial.
Otra zona de interés es la marina del puerto, donde el Ayuntamiento tumbó un proyecto de ampliación inicialmente previsto con un nuevo canal, pisos y un hotel. Las licencias están suspendidas hasta final de año. El consistorio está recibiendo propuestas, pero insiste en que el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) contempla el desarrollo de la zona, buscando un equilibrio entre el atractivo para los propietarios y el beneficio público.
La modificación del POUM podría destinar el 50% de la vivienda a protección oficial, lo que podría desincentivar a los inversores privados si el 50% restante no resulta atractivo, resultando en un "estancamiento" de la zona durante años.
