El grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la Paeria de Balaguer ha presentado una moción formal para instar la modificación inmediata de la Ordenanza Fiscal número 13, reguladora de la tasa de gestión de residuos municipales. La iniciativa responde a las quejas vecinales por las cartas enviadas por el gobierno municipal que imponen un cobro lineal de 139,04 euros a propietarios de locales cerrados, terrenos con pequeñas edificaciones, masías y viviendas diseminadas sin actividad económica.
El concejal republicano Kevin Bruque defiende que esta situación genera efectos desproporcionados y contradice el principio de “quien contamina paga”. Bruque señala que no es adecuado que un pequeño garaje privado o un terreno sin salida a la vía pública tribute igual que un aparcamiento de gran capacidad o un espacio vinculado a una actividad económica. Por ello, instan al gobierno municipal a suspender este cobro y a devolver los importes ya realizados este año.
ERC propone una tasa proporcional y simplificada para espacios de uso privado sin actividad económica: 16,63 € para terrenos sin edificar (menos de 50 m² y sin salida a la vía pública); 33,27 € para garajes, locales o almacenes pequeños (hasta 4 vehículos o 50 m²); 66,53 € para medianos (de 4 a 10 vehículos o hasta 250 m²) y 133,06 € para grandes (más de 10 vehículos o más de 250 m²).
En cuanto a las masías y viviendas diseminadas fuera del casco urbano, ERC pide vincular el pago a la existencia de un servicio real de recogida o de un punto de aportación accesible. Proponen una tasa de 0,00 € para edificaciones sin este servicio, que no sean residencia habitual y donde el propietario ya pague la basura en Balaguer, evitando así dobles cargas. Para segundas residencias de uso recreativo sin servicio efectivo, se propone una cuota de 65,40 €, mientras que las masías con actividad económica tributarán la tarifa correspondiente.
Finalmente, la moción insta al gobierno municipal a habilitar un procedimiento sencillo para que los contribuyentes puedan acreditar fácilmente la superficie, capacidad, uso real, falta de actividad o de servicio efectivo sin trabas burocráticas. El objetivo es introducir criterios más objetivos y proporcionales, con vistas a la modificación de la ordenanza para que entre en vigor el 1 de enero de 2027.
