La resolución judicial pone punto final al procedimiento iniciado en 2022 a partir de una denuncia de la Fiscalía. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por familiares de los usuarios, avalando así la decisión previa del Juzgado de Instrucción de Tremp del pasado 3 de abril de 2025.
Los magistrados han determinado que no existen pruebas suficientes para imputar delitos de homicidio por imprudencia ni contra los derechos de los trabajadores a los responsables del centro. Según el escrito, no se ha podido acreditar ninguna acción que supusiera una infracción de la normativa de seguridad y salud laboral que pusiera en riesgo la vida de los empleados.
El tribunal argumenta que, a pesar de la gravedad de la situación con 64 fallecimientos entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre, los investigados intentaron aplicar los protocolos sanitarios vigentes. La sentencia subraya que las limitaciones de medios y las circunstancias excepcionales del momento impidieron una actuación más rápida, pero no una voluntad de incumplimiento.
