Esta iniciativa, lanzada el martes pasado, busca facilitar la construcción de vivienda protegida mediante la licitación individual de solares. La mayoría de estos terrenos son de pequeña escala, con capacidad para 20 viviendas o menos, y provienen de cesiones de ayuntamientos, del Instituto Catalán del Suelo (INCASÒL) o de Patrimonio de la Generalitat.
“"Si pasado este tiempo no se presentan más promotores, se realizará una adjudicación directa."
La decisión de licitar cada solar de forma individual, en lugar de agruparlos, responde a la voluntad de encontrar promotores que se adapten mejor a las particularidades de cada ubicación. La única excepción a esta regla son los solares de Rialp, Llavorsí y Baix Pallars, donde los ayuntamientos han preferido ofertas conjuntas.
De los 59 solares, 38 fueron cedidos por ayuntamientos en el marco de la primera convocatoria de la reserva pública de solares, con un potencial de 526 viviendas en 27 municipios. Estos ayuntamientos, a menudo sin los medios técnicos para convocar concursos propios, encargaron la tarea a la Generalitat. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firmó convenios con algunos de estos consistorios el pasado mes de marzo, marcando la primera vez que la Generalitat licita la construcción en solares que no son de su titularidad.
Adicionalmente, 16 solares son propiedad del INCASÒL, con capacidad para 201 viviendas en 8 municipios, y 5 solares más pertenecen a Patrimonio de la Generalitat, con un potencial de 56 viviendas.
En la comarca de las Terres de l'Ebre, el operativo se desplegará en cinco municipios. En La Sénia, un solar municipal acogerá 17 viviendas. En Xerta, la actuación se centra en un solar de la Generalitat con previsión para quince viviendas. Finalmente, en Amposta (8 viviendas), Alcanar (18 viviendas) y Móra la Nova (88 viviendas en siete solares), los solares son propiedad del INCASÒL.
Una novedad destacada es la introducción de la autopromoción para solares con menor capacidad (11 solares con menos de 10 viviendas). Esta modalidad permite a grupos de familias presentar una oferta conjunta, construir las viviendas mediante una empresa constructora, calificarlas como protección oficial permanente y ser propietarios durante 75 años para su residencia habitual.
