El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había considerado favorablemente que uno de los reactores pudiera funcionar con garantías de seguridad durante dos o tres años más. Inicialmente, se preveía el cierre de un reactor en noviembre de 2027 y del segundo en 2028. La nueva fecha coincide con el cierre previsto para las centrales de Ascó y Cofrentes.
Esta extensión se enmarca dentro de un acuerdo de 2019 para apagar gradualmente todos los reactores estatales entre 2027 y 2035. Sin embargo, Sumar ha rechazado la prórroga, acusando al PSOE de incumplir acuerdos del gobierno de coalición y atribuyendo el mantenimiento del parque a "presiones corporativas".
El gobierno español ha especificado que la decisión afecta solo a Almaraz y que el resto del calendario de cierres no se altera. No obstante, la medida ha reabierto el debate sobre el futuro de las centrales nucleares, poniendo el foco en las instalaciones catalanas. Patronales como Foment ya han solicitado una prórroga similar para Ascó y Vandellòs.
Los alcaldes de Ascó, Miquel Àngel Ribes, y de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, han acogido positivamente la noticia. Ribes considera "inviable" desmantelar cinco reactores entre 2030 y 2032 y siete antes de 2035, argumentando que "las mismas razones que han servido para Almaraz deben servir para aquí". Castellví añade que si una central es segura y la sociedad no está preparada para las renovables, se deben alargar las nucleares.
Desde Ecologistas en Acción, su coordinador, Eloi Nolla, considera la decisión un paso atrás que hace "temblar el calendario" y expresa preocupación por un posible gobierno del PP y Vox que podría acabar con el acuerdo inicial. La entidad señala que la continuidad de las centrales catalanas es "incompatible con la percepción de los fondos de la transición nuclear" que los ayuntamientos reciben como compensación.
La guerra en Ucrania y Irán ha evidenciado la dependencia de los combustibles fósiles y ha tensado el suministro energético. Ante este escenario volátil, el Ministerio para la Transición Ecológica considera que la prórroga temporal de Almaraz es la mejor manera de proteger a particulares y empresas de los picos de precio. El gobierno español había establecido tres líneas rojas para la continuidad de la planta: ningún coste extra para los consumidores, criterios de seguridad y el visto bueno del CSN.
El gobierno insiste en la apuesta por las energías renovables, como la eólica y la fotovoltaica, que han permitido a España esquivar la subida de precios eléctricos en Europa.
