Esta decisión, comunicada a través de un manifiesto, surge después de diversas movilizaciones sin obtener soluciones reales por parte de la administración. Los profesionales de la enseñanza consideran que la situación actual es insostenible y amenaza la calidad educativa y la dignidad de su labor.

Entre los motivos principales que han llevado a esta crisis estructural, los docentes destacan la falta de profesionales y el exceso de ratios, que dificultan la atención personalizada. También señalan la necesidad de acompañar la matrícula viva con recursos humanos y materiales adecuados, así como la insuficiencia de medios para garantizar una educación inclusiva que atienda la diversidad del alumnado.

El manifiesto también pone de manifiesto la pérdida de reconocimiento laboral y social, con docentes asumiendo tareas adicionales sin la compensación económica u horaria correspondiente. La sobrecarga de responsabilidad en salidas y actividades externas, que implican horas extras no remuneradas y una gran responsabilidad legal, es otro punto crítico. Además, denuncian el incremento de la burocracia, que los aleja de la docencia, y unas condiciones salariales por debajo de la media estatal.

Como respuesta a esta situación, los centros han acordado medidas temporales para el curso 2026-2027. La más destacada es la suspensión de la programación y contratación de salidas y actividades complementarias, incluyendo las colonias con pernoctación. Algunos centros también han decidido no ser centros formadores de prácticas, no realizar formaciones fuera del horario lectivo ni festivales, y suspender tutorías o reuniones de inicio de curso fuera del horario escolar.

Los docentes subrayan que esta decisión no implica una renuncia al valor pedagógico de estas actividades, sino una medida provisional para exigir apoyos adecuados que garanticen la calidad educativa a largo plazo. El objetivo es que estas acciones se reviertan una vez sus demandas sean atendidas por una acción de gobierno satisfactoria.