La entidad profesional ha impugnado el concurso de proyectos convocado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP). El motivo principal es la consideración de que los honorarios fijados para la redacción de los proyectos y la dirección de obra están "muy por debajo de los que deberían ser", según el presidente de la demarcación de Tarragona, Jordi Romera.
Esta impugnación ha congelado el proceso de licitación, y los sobres con las propuestas no podrán abrirse hasta que el TCCSP emita una resolución. El presupuesto base de licitación, incluido el IVA, era de 228.368 euros, de los cuales 159.857 euros eran para los proyectos y 68.510 para la dirección de obra.
El Colegio de Arquitectos defiende que tiene la obligación de velar por unos honorarios correctos, y ha comparado los propuestos para la residencia de Altafulla con los de iniciativas similares de la administración, concluyendo que son "claramente por debajo". Romera añadió que, tras varios requerimientos al consistorio sin éxito, se ha presentado este recurso, admitido a trámite, para defender la calidad de la arquitectura, que depende de una remuneración justa.
El concurso, pilotado por un jurado, constaba de dos fases: la primera para garantizar la solvencia y experiencia de los equipos, y una segunda para un máximo de cinco aspirantes, con análisis de propuestas y compensaciones de 4.500 euros.
La residencia, inicialmente concebida con 45 plazas, contempla alcanzar las 60 en una intervención posterior, siguiendo el sistema de Atención Centrada en la Persona (ACP) organizada en unidades de convivencia.
