El convenio, firmado por las conselleras de Economía y Derechos Sociales, Alícia Romero y Mònica Martínez, junto con el alcalde Joaquim Paladella, permitirá la continuidad del servicio en una comarca con un índice de envejecimiento elevado. Esta dación de pago pone fin a un conflicto que se remonta a 2013, año de inauguración del centro.
La residencia, construida con una inversión de 6 millones de euros por parte del Ayuntamiento, debía concertar 60 plazas públicas por parte del Govern. Sin embargo, el centro abrió con la mitad de las plazas comprometidas, lo que llevó al Ayuntamiento a emprender acciones legales en 2017. El alcalde Paladella llegó a plantear simbólicamente la posible anexión a Aragón para denunciar lo que consideraba un trato discriminatorio. Actualmente, el centro dispone de 60 plazas, 50 de las cuales son públicas.
Paralelamente, en Tivissa, se avanza en la construcción de una nueva residencia de ancianos. El proyecto, que se inició en 2023, se ubicará en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. La empresa URCOTEX INMOBILIARIA ha sido adjudicataria de las obras de derribo por 99.416,42 euros, mientras que el estudio GGV Arquitectura redactó el proyecto básico y ejecutivo por 524.773,21 euros.
Aunque el proyecto ejecutivo aún está en fase de redacción y quedan aspectos por definir, se estima una inversión total de unos 8 millones de euros. La nueva infraestructura contará con 60 plazas asistenciales y 20 plazas de centro de día.
