Las cifras presentadas por el Cuerpo de Mossos d’Esquadra indican que la delincuencia en el municipio ha pasado de 459 a 413 infracciones penales, un descenso del 10%. El informe concluye que La Seu d’Urgell mantiene niveles de seguridad estables y mejora la tasa de resolución de los hechos delictivos, que se sitúa en el 70,5% frente al 68,4% del periodo anterior.
El alcalde de La Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha destacado que la reducción del 10% de las infracciones penales y del 38% de los robos con fuerza son fruto del trabajo constante y coordinado entre la Policía Municipal y los Mossos d’Esquadra.
El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, ha remarcado la excelente coordinación entre los cuerpos de seguridad y ha anunciado el refuerzo de las plantillas con 20 nuevos efectivos destinados a La Seu.
La reducción de los robos con fuerza, especialmente en domicilios y vehículos, ha mejorado la percepción de seguridad. Ocho de los diez robos con fuerza documentados se han saldado con detenciones, varias con ingreso en prisión. Las infracciones administrativas han aumentado un 4,3%, lo que se atribuye a la actividad preventiva policial.
Entre los dispositivos destacados se encuentran el Dispositivo Kanpai contra la multirreincidencia, el refuerzo de seguridad en el centro urbano, el desmantelamiento de un punto de venta de estupefacientes y la gestión de grandes eventos sin incidencias.
La Policía Municipal ha realizado 8.270 servicios, con un fuerte componente de proximidad, incluyendo 1.126 servicios de protección escolar. También se han gestionado 7.044 llamadas de emergencia, siendo el primer punto de contacto ciudadano.
El trabajo preventivo se ha centrado en menores de edad (70% de las actuaciones) y se ha ampliado a personas mayores, comerciantes, familias y otros colectivos.
La población de La Seu d’Urgell alcanza un máximo histórico de 13.695 habitantes, con un incremento de 246 personas respecto al año anterior.
La gestión de las molestias vecinales por el ocio nocturno sigue siendo una prioridad, buscando compatibilizar la actividad con el derecho al descanso mediante el diálogo, la nueva Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia, y la presencia policial preventiva.
Se ha detectado un incremento de los accidentes de tráfico en el casco urbano (48 accidentes, 31 víctimas), considerado un empeoramiento grave de la seguridad vial. Se espera el nuevo Plan de Seguridad Vial del Servei Català de Trànsit para implementar medidas correctoras.
Los robos con violencia o intimidación han pasado de 5 a 10 hechos, manteniéndose una vigilancia específica. Siete de los diez casos registrados se han resuelto con detenciones.
La ciberdelincuencia, especialmente las estafas bancarias y por internet, se perfila como el principal reto de futuro, requiriendo una respuesta coordinada y concienciación ciudadana.
