La decisión judicial llega pocos días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario. Aunque el Supremo no cita directamente la sentencia europea, el movimiento se produce en un contexto marcado por las exigencias de aplicación de la ley en un plazo determinado.
Entre los beneficiarios de la medida se encuentra el exalcalde de Sabadell, quien había sido condenado previamente a inhabilitación y multa por su actuación durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. El auto pone fin al procedimiento judicial que aún permanecía abierto para él.
La resolución también afecta a varios exmiembros de la Mesa del Parlament y a tres personas condenadas por las protestas de octubre de 2019. En todos los casos, la sala penal ha declarado amnistiados los hechos, dejando sin efecto los recursos pendientes de la fiscalía y de las defensas.
