El contexto económico actual en Terrassa presenta una paradoja preocupante. Aunque el empleo crece y las empresas mantienen su actividad, el coste de la vivienda se ha disparado, con incrementos anuales del 7% en la compra y superiores al 14% en el alquiler. Estas cifras superan con creces cualquier mejora salarial derivada de los convenios colectivos.

Los datos del mercado son reveladores: la oferta de pisos de alquiler ha caído drásticamente en la última década. Actualmente, la disponibilidad de viviendas a precios asequibles, por debajo de los mil euros mensuales, es extremadamente limitada, lo que agrava la vulnerabilidad de muchas familias trabajadoras.

Ante esta situación, se apunta a la necesidad de una intervención pública más decidida. Terrassa cuenta con un parque de unos 10.000 viviendas vacías que podrían ser clave para revertir la tendencia. Entre las propuestas planteadas destaca la implementación de impuestos a los inmuebles desocupados para incentivar su salida al mercado o su adquisición por parte de la administración local.

El objetivo final sería ampliar el parque de vivienda protegida y social, evitando que la especulación inmobiliaria siga marcando el ritmo de la ciudad. La prioridad, según diversas voces, debe ser garantizar el derecho a la vivienda por encima de la rentabilidad especulativa, fomentando un modelo donde los pisos vacíos se pongan a disposición de la ciudadanía.