En Barberà del Vallès, casos como el de Aya, de 13 años, y su hermano Yassine, de 16, ilustran esta realidad. Ambos, originarios de Nador, Marruecos, llegaron hace tres años y han tenido que aprender rápidamente el catalán para ayudar a sus padres, quienes tienen un conocimiento precario del castellano. Esta situación les lleva a acompañarlos al Ayuntamiento, al médico o a las tutorías del instituto, asumiendo un rol que no les correspondería por edad.

Aya, quien quiere ser médica, expresa su miedo a equivocarse en temas importantes, especialmente en el ámbito sanitario. Los hermanos El Mesaoudi, que también hablan castellano, árabe, rifeño y un poco de francés, aprendieron catalán en el instituto y en el Casal de Cultura de Barberà del Vallès, considerándolo una lengua necesaria para su futuro.

Otro ejemplo es el de los hermanos Rui y Hang, de origen chino y nacidos en Albacete, que también residen en Barberà del Vallès desde 2015. Rui, de 16 años, es el encargado de traducir para sus padres, quienes regentan un bazar y no dominan el idioma. Recuerda con estrés haber tenido que traducir en una urgencia médica de su abuelo, una experiencia que lo superó por la complejidad del argot médico.

Este fenómeno, poco visibilizado, es frecuente en servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Profesionales como el médico de familia Álvaro Núñez Fauste, del CAP de Banyoles, o la médica Sira Casablancas, del CAP Casanovas de Barcelona, destacan las dificultades que surgen cuando los menores tienen que traducir información médica delicada. La profesora Blanca Pi, de Barberà del Vallès, también ha tenido que recurrir a alumnos como traductores en entrevistas con familias, generando nerviosismo y una gran responsabilidad.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a través del grupo de investigación MIRAS, ha estudiado este rol de los hijos como intermediarios lingüísticos. La directora del grupo, Marta Arumí, catedrática de Traducción e Interpretación, señala que los jóvenes comienzan a traducir desde los ocho o nueve años, principalmente en el ámbito sanitario, donde hay una falta de profesionales. A diferencia del sector judicial, donde la interpretación está regulada y es obligatoria, en otros ámbitos no existe esta regulación.

El impacto psicológico de esta responsabilidad en el proceso madurativo y el rendimiento escolar de los menores es una preocupación. Xifré Ramos, miembro del Grupo de Trabajo Movimientos Migratorios, Refugio, Asilo y Relaciones Interculturales del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, advierte que esta práctica puede entorpecer el desarrollo de los niños si la información no apta se recibe de manera continuada. Aunque puede reforzar vínculos, tratar a un niño como un adulto es un error, y sitúa como inaceptable que un agente de la autoridad acepte a un menor como mediador en un desahucio, una situación que podría derivar en problemas de salud mental a largo plazo.