En Tarrasa, se han registrado 2.745 informes de vulnerabilidad para la regularización de inmigrantes, una cifra que supera las estimaciones iniciales de los servicios municipales y del gobierno español. Este dato corresponde a la solicitud de inmigrantes sin menores a cargo, ya que a aquellos con hijos no se les requería este informe específico.
Los servicios municipales habían calculado la emisión de un máximo de 2.549 informes, cifra que se ha visto superada en aproximadamente 200 unidades. Hasta el 29 de junio, se había atendido a 3.597 personas en este proceso, que comenzó el 16 de abril. La demanda ha disminuido significativamente en junio, permitiendo al consistorio centrarse en la revisión de documentos y la presentación final de solicitudes.
La concejala de Ciudadanía y Migraciones, Lluïsa Melgares, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de continuar ofreciendo acompañamiento más allá de la solicitud inicial. A pesar de que la tramitación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) se realiza ante la Policía Nacional, el consistorio reforzará los puntos de apoyo documental y ofrecerá formación específica a los profesionales municipales para orientar a los ciudadanos en la interpretación de notificaciones y en los itinerarios de estabilización administrativa.
Melgares ha subrayado que, con la comunicación del inicio del procedimiento, los solicitantes ya están habilitados para trabajar, obtener un número de la Seguridad Social y acceder a asistencia sanitaria, iniciando una residencia legal de un año prorrogable. Este cambio supone pasar de un modelo de emergencia a uno más sostenible.
El dispositivo ha generado un coste adicional para el Ayuntamiento. Hasta mayo, el gasto ascendía a 30.726 euros, de los cuales la Dirección General de Migraciones, Refugio y Antirracismo de la Generalitat ha aportado 29.668 euros. La previsión es que el gasto final supere la aportación recibida en unos 10.000 euros. La teniente de alcalde de Acción Social, Patrícia Reche, recordó la necesidad de un refuerzo presupuestario futuro para la renovación de los permisos, mientras que el concejal de Servicios Sociales, Noel Duque, considera este gasto una inversión para facilitar un proyecto de vida a los nuevos residentes.
