El régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Terrassa se alinea con el de otros municipios de la segunda corona metropolitana como Sabadell, Rubí, Granollers o Vilanova. La ordenanza municipal, que entró en vigor el 9 de diciembre del año pasado, preveía sanciones para los vehículos que no cumplieran con los requisitos ambientales. Sin embargo, en los primeros ocho meses de aplicación, solo se han registrado 19 denuncias.
Este bajo ritmo sancionador se prevé que se mantenga como mínimo hasta 2029, fecha prevista para la revisión del proyecto técnico de la ZBE. Una de las principales razones de esta situación son las numerosas exenciones contempladas para los residentes dentro de la zona delimitada. La ordenanza permite autorizaciones temporales de acceso, circulación y estacionamiento para vehículos sin etiqueta ambiental si sus titulares están empadronados en la ZBE, disponen de autorizaciones permanentes para zonas peatonales o tienen plaza de aparcamiento dentro de esta área.
Las ciudades de la segunda corona metropolitana, como Terrassa, han encontrado una vía legal para eximir de sanciones, prácticamente de manera indefinida, a los vecinos que acrediten su padrón dentro de la superficie afectada por la ZBE. Aunque la normativa puede ser imprecisa, estos ayuntamientos se aseguran no tener que sancionar a los residentes al menos hasta 2029.
El Ayuntamiento de Terrassa indica que el régimen sancionador se activó a finales de 2025, si bien las primeras denuncias comenzaron a emitirse un mes antes. Esto fue debido a que ningún vehículo había superado el límite anual de 24 accesos autorizados. Además, la implementación de la ZBE sufrió suspensiones temporales a raíz de la crisis de Rodalies.
