La decisión del Govern de prorrogar las licencias de transporte interurbano ha generado malestar en el ámbito político local. Según fuentes de la formación republicana, mantener las condiciones actuales es insuficiente, ya que el servicio no se ajusta a las necesidades de movilidad actuales, que han evolucionado significativamente en las últimas dos décadas.
Desde el Ayuntamiento de Valls, se ha puesto el foco en la desigualdad territorial. Mientras que algunas líneas principales funcionan correctamente, otras conexiones, como las que enlazan con Reus o municipios como Vilaverd y Picamoixons, presentan graves carencias en horarios y frecuencias. También se ha señalado el servicio de transporte a demanda entre Querol y el Pont d'Armentera como ineficiente para los usuarios.
“"No podemos dejar a la ciudadanía sin una alternativa al caos ferroviario, pero exigimos que esta prórroga no se alargue hasta el plazo máximo permitido y que se incorporen mejoras claras."
La propuesta planteada por la formación política incluye limitar la prórroga a un máximo de seis años para forzar a la Administración y a las empresas a aplicar cambios estructurales. El objetivo es que cada concesión vaya ligada a un plan de choque que optimice las líneas existentes y cree nuevas, priorizando los municipios medianos y pequeños.
Finalmente, se ha subrayado que el sistema de transporte debe ser una herramienta básica para garantizar el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación y el mercado laboral para colectivos vulnerables, como las personas mayores o los estudiantes, evitando que las reformas se conviertan solo en medidas paliativas sin impacto real.
