Este procedimiento, habitual cuando no se localiza a los interesados en territorio andorrano, ha sido impulsado por la Secretaría de Estado de Asuntos Financieros Internacionales. Según el medio andorrano Altaveu, Laporta debe recibir una sola notificación, mientras que Viñales, natural de Roses, debe recibir cuatro.
El edicto establece que ambos tienen un plazo de diez días, que comenzó el miércoles pasado, para ponerse en contacto personalmente con la secretaría de Estado e iniciar las actuaciones pertinentes.
En caso de incumplimiento de este plazo, el organismo andorrano podría iniciar medidas legales. Tanto Viñales como Laporta tienen la opción de formular un recurso de oposición y entregarlo por escrito a la secretaría de Estado del Principado de Andorra.
