La medida, que busca acotar el concepto de alquiler de temporada solo a los usos "recreativos, vacacionales y turísticos", contó con el apoyo del PSC, ERC, los Comuns y la CUP, mientras que Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana votaron en contra. El resto de contratos temporales (por estudios, motivos profesionales o médicos) quedan ahora sujetos a la normativa de vivienda habitual, incluyendo la limitación de precios.
“"Una vivienda es algo que va más allá de cuatro paredes y un techo. Si se tambalea, se pone en riesgo la posibilidad de construir un proyecto vital digno y tiembla el sistema democrático."
En cuanto al arrendamiento de habitaciones, la ley impide que la suma de los precios individuales supere el límite total marcado para el conjunto del piso, evitando así que los propietarios dividan la vivienda para aumentar las ganancias. Esta regulación llega después de que los datos del primer semestre de 2025 mostraran un incremento del 52% en los contratos de temporada, un indicio de evasión de la regulación.
“"Esta ley atenta contra la propiedad privada, que sí es un derecho fundamental. [...] Es una expropiación encubierta."
La nueva norma también fortalece el régimen sancionador, con multas que pueden alcanzar los 900.000 euros para los incumplidores, y declara a los inspectores agentes de la autoridad. Además, se crea un registro de grandes tenedores y se destinan las fianzas depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl) a la construcción de vivienda protegida.
