Estas amonestaciones por incumplimiento de los límites de alquiler llegan un año después de la entrada en vigor del régimen sancionador, pactado con el grupo de Jéssica Albiach. Las 12 multas anunciadas se derivan de los expedientes tramitados por la Agencia de Consumo, que ha incoado 35 más, mientras que la Agencia de la Vivienda de Cataluña está tramitando una treintena de expedientes adicionales.
El Ejecutivo de Salvador Illa ha gestionado tarde y mal tanto la crisis de Rodalies como la de vivienda.
Más allá de las sanciones, el grupo liderado por Albiach exige una rendición de cuentas sobre los pactos sellados el año pasado en materia de educación y sanidad. En el ámbito educativo, quieren conocer el plan para implementar clases de refuerzo de catalán, inglés y matemáticas, y en sanidad, se centran en la reducción de listas de espera y el impulso al dentista y psicólogo públicos.
Si los Comuns dan por cumplido lo prometido, abrirán la negociación de las cuentas de 2026, exigiendo duplicar la dotación de la ley de barrios (de 200 a 400 millones anuales) y más medidas en vivienda, como la limitación de la compra especulativa. Además, las exigencias por la crisis de Rodalies, que continúa sin resolverse, serán un lastre constante para el Govern.
A pesar del avance con los Comuns, el Govern también necesita aclarar el camino con ERC, que sigue esperando un gesto del Gobierno de Pedro Sánchez para desatascar la recaudación del IRPF del nuevo modelo de financiación. El objetivo del ejecutivo catalán es llevar a cabo una negociación exprés para que los presupuestos entren en vigor antes del mes de abril.
