En un contexto de fuerte tensión en el mercado del alquiler, la Ley 12/2023, conocida como la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha introducido cambios relevantes para garantizar una mayor estabilidad residencial. Esta normativa refuerza la protección de los inquilinos y establece cuáles son sus derechos en el mercado del arrendamiento.
Una de las modificaciones más destacadas es la obligación de prorrogar los contratos de alquiler. La Ley 12/2023 modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), estableciendo que si el contrato tiene una duración inferior a cinco años (o siete años si el arrendador es una persona jurídica), se prorroga automáticamente por períodos anuales hasta alcanzar dicha duración mínima.
La ley establece que, en los contratos con una duración igual o superior a los plazos mínimos, si ninguna de las partes comunica su voluntad de no renovar, el contrato se prorrogará automáticamente hasta tres años más.
Esto implica que el inquilino tiene derecho a continuar viviendo en la vivienda durante este período mínimo, siempre que esté al corriente de los pagos y cumpla las condiciones contractuales. En cuanto a la comunicación de no renovación, el propietario debe notificarlo con una antelación mínima de cuatro meses, y el inquilino con dos meses.
Si el propietario alega la necesidad de no renovar, por ejemplo, para realizar obras que impidan el uso normal de la vivienda, deberá acreditar debidamente las causas y detallar el alcance de las reformas, su duración estimada y cómo afectarán la vida cotidiana del inquilino. Esta legislación refuerza la posición de los inquilinos, ofreciéndoles mayor estabilidad y seguridad jurídica.
