Las penas laxas en España atraen a las mafias del cannabis a Cataluña

Juristas y cuerpos policiales advierten que la baja penalidad por tráfico de marihuana, ocupación y fraude eléctrico convierte Cataluña en el principal centro de producción europeo.

Imatge genèrica que mostra paquets de cànnabis confiscats i diners en efectiu, simbolitzant el negoci il·legal del narcotràfic.

Imatge genèrica que mostra paquets de cànnabis confiscats i diners en efectiu, simbolitzant el negoci il·legal del narcotràfic.

Juristas y fuerzas de seguridad alertan que la baja penalidad asociada al tráfico de cannabis, la ocupación delincuencial y el fraude eléctrico en España favorece el asentamiento de mafias internacionales en Cataluña.

Según el Informe Europeo sobre Drogas del 2025, el cannabis es la sustancia ilegal más consumida en la Unión Europea, y Cataluña se ha consolidado como el epicentro de su producción y distribución. Esta situación ha provocado la llegada de organizaciones internacionales de narcotráfico, principalmente de Albania y Moldavia, y un incremento de la violencia entre clanes, incluyendo enfrentamientos y la tenencia ilegal de armas.

"Importamos personas dedicadas a la delincuencia, al mismo tiempo que exportamos marihuana a otros países."

Emilio Zegrí · Abogado penalista
El abogado penalista Emilio Zegrí destaca que las penas por tráfico de drogas 'blandas' en España (entre uno y tres años) son significativamente menores que en otros países europeos. Esta diferencia propicia que los acusados obtengan condenas inferiores a dos años, evitando el ingreso en prisión si carecen de antecedentes.
La laxitud penal también afecta a delitos conexos. La usurpación de inmueble (ocupación de una nave o piso vacío) se castiga con una multa, mientras que en países como Alemania o Francia implica penas de prisión de hasta tres años. Asimismo, la defraudación de fluido eléctrico, esencial para los cultivos, se castiga con multa en España, a diferencia de Francia o Alemania, donde puede suponer hasta cinco años de cárcel.
Cristina Vallejo, decana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, subraya la urgencia de una reforma legislativa sobre la ocupación delincuencial, ya que la legislación actual dificulta la aplicación de medidas cautelares de desalojo rápido, a diferencia de sistemas como el de los Países Bajos o Italia.
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